Nueva denuncia ecológica contra el Estado español

Dieciséis entidades denuncian al Estado español ante la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa sobre la gestión de los residuos, queja que ya ha sido aceptada a trámite.

En una alianza sin precedentes, 16 entidades sociales, tanto de ámbito estatal como territorial, han denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por el incumplimiento del objetivo de reutilización y reciclaje del 50% para 2020 marcado por la Unión Europea. La queja fue admitida ayer mismo y la Comisión Europea comienza su tramitación.

Años y años de políticas erráticas, porcentajes de recogida selectiva y reciclaje estancados y total desinterés para fomentar la prevención y la reutilización han motivado a estas organizaciones a dar este paso histórico, según han detallado diferentes personas representantes. 

“Todas las prospecciones sobre la preparación para la reutilización y reciclaje en 2020 obligan a pensar que en el Estado español no se cumplirán los objetivos establecidos por la Directiva 2008/98/CE, reza la denuncia presentada por este grupo de colectivos.

España no ha puesto en marcha ninguna de las políticas que la Comisión le ha ido recomendando en los últimos años

Según los últimos datos presentados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el reciclaje de residuos municipales en España se situaba en el 35% en 2018. Y, no solo esta insuficiente cifra ha empeorado en los últimos años, sino que además España no ha puesto en marcha ninguna de las políticas que la Comisión le ha ido recomendando en los últimos años para llegar al objetivo del 50% en 2020. “El incumplimiento resulta más que evidente y es un síntoma claro de la ineficiente gestión de los residuos en España”, han sentenciado los denunciantes.

Un claro ejemplo de este incumplimiento lo representa la gestión del cubo amarillo, que hace Ecoembes. Desde hace dos décadas, miente sobre los niveles de recuperación de envases y está siendo uno de los principales agentes que frenan y boicotean mejoras en el sistema de gestión y las políticas de residuos en nuestro país“, ha declarado Julio Barea portavoz de Greenpeace.

En la lista de firmantes de la denuncia se aúnan entidades de distintos perfiles y ámbitos, como la principales ONG ambientales del estado, pero también organizaciones de diferentes territorios como Baleares, Navarra, Euskadi, Catalunya, Canarias o Galicia, donde se están sufriendo las consecuencias sociales, ambientales y económicas de este incumplimiento.  

En su denuncia, más allá de solicitar que la Comisión Europea admita a trámite su reivindicación, las entidades demandan un cambio de rumbo inmediato por parte de la vicepresidenta Teresa Ribera, principal responsable dentro del Ejecutivo español. Este giro de 180 grados pasa por trasponer las nuevas Directivas de residuos a través de una nueva Ley de Residuos participativa y ambiciosa, con herramientas que aseguren el cumplimiento obligatorio de los nuevos objetivos de reutilización y reciclaje.

Entidades firmantes de la denuncia:

Amigos de la Tierra, Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), Clean Ocean Project, Estratègia Catalana Residu Zero, Ecologistas en Acción, Eguzki, Grup Balear d’Ornitologia (GOB), Greenpeace, Gurasos, Mater Museoa, Lurra Nafarroa, Rezero, Retorna, Surfrider Foundation Europe, Sustrai Erakuntza y Unión Sindical Obrera (USO). 

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